Aumentar los ingresos y recortar el gasto. La fórmula, por
aritmética pura, es bastante sencilla. Llevamos meses viendo cómo las
diferentes administraciones aplican tijeretazos sin ton ni son para esto
último, mientras que las fórmulas para aumentar los ingresos se limitan a la
subida de impuestos indirecto o directos. Sin embargo, en nuestro país se pasa
por alto una baza de la que poco o nada se habla en los medios: el fraude
fiscal.
Ya en 2009,
a comienzos de la crisis, el economista José MaríaPeláez, de la Asociación Profesional de Inspectores de Inspectores de Hacienda del
Estado (AFIPE) denunciaba que el fraude fiscal en nuestro país alcanzaba a un
20-25% de nuestro PIB, 10 puntos prácticamente que la media de la UE ; donde el dinero estafado al
fisco ronda el 13%.
Las cifras porcentuales quizás no digan mucho. En primer
lugar, es difícil calcular el volumen de dinero negro que se escapa al Estado.
Se llama fraude fiscal precisamente porque no tiene un control del fisco, pero
los economistas manejan ciertos datos que dan una pista de la cantidad que
puede tratarse, como la compra-venta de bienes de lujo o el consumo eléctrico.
Sea como sea, un porcentaje del 20-25% del PIB rondaría una
cantidad aproximada de unos 240.000 millones de euros según Jesús Robles, de la Asociación de Subinspectores de Tributos. Una cantidad importante dado el contexto
de recortes en el que estamos ahora mismo y por el que vamos a movernos en los
próximos meses.
Estas cifras son de 2009. En dos años, la situación
económica de España ha empeorado por lo que es previsible que el peso de la
economía sumergida frente a la real haya aumentado, sea como sea, si el Estado
pusiera más énfasis en luchar contra esta práctica, el ingreso de esos 240.000
millones hubiera servido para paliar el gasto en derechos sociales.
Pero eso supondría erradicar con ello. Sólo con una serie de
medidas políticas podría, al menos, bajarse esta tasa que ronda el 20% mínimo,
al 13% que se da en la UE ,
lo que supondría un ingreso de 100.000 millones de euros.
El ya expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero anunció en mayo del pasado 2010 un paquete de medidas destinado a
reducir el gasto en un 1,5% del PIB, unos 1500 millones de euros, cifra
bastante ridícula si tenemos en cuenta las pérdidas que para el Estado suponen
el fraude fiscal. Entre esas medidas estaban el recorte del 5% de sueldos
dentro del sector público o la no revalorización de pensiones no contributivas
y mínimas. Unas medidas que afectaron a 6 millones de personas.
Sea como sea, parece mucho más sencillo tirar de tijera que sacar a la luz toda la economía sumergida. Precisamente de la falta de voluntad política se quejan Peláez y Robles. El primero ha criticado "la necesidad de mayores medios materiales y humanos" y "la ausencia de medidas normativas.". Mientras que Robles propuso ya en 2009 la creación de un registro administrativo que controle las grandes operaciones inmobiliarias, un instrumento que contribuiría a prevenir los fraudes, "en vez de detectarlos a posteriori".
Y para despedirnos, veamos lo que el Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona piensa al respecto.
